CaixaBank gestiona gratis las cuentas bancarias del Congreso y el Senado

Revisado y editado el 29/06/2021

La entidad se hace con el contrato hasta 2022, y no cobrará ninguna comisión por mantenimiento.

El banco con sede en Valencia comenzará a gestionar las cuentas bancarias tanto del Congreso de los Diputados como del senado, una vez que ha ganado el concurso público convocado a finales del año pasado.

CaixaBank, que fue la única entidad presentada al mismo, no cobrará comisiones de mantenimiento por estas cuentas corrientes de importes millonarios.

El contrato firmado tendrá vigencia hasta finales del año 2022, con la posibilidad de prorrogarlo por un año más, hasta diciembre de 2023 y ha sido adjudicado por 584.000 euros.

En el año 2020, el Congreso y el Senado decidieron trasladar sus cuentas corrientes directamente al Banco de España, con el objetivo de evitar las comisiones que las entidades financieras están cargando sobre los clientes institucionales.

Este nuevo concurso ha sido convocado con el objetivo de eliminar estas comisiones de mantenimiento, que anteriormente a 2020, CaixaBank, el depositario de estas cuentas corrientes, ya les cobraba a las dos cámaras.

Evitando las comisiones

Las entidades financieras ya han empezado a cobrar por los depósitos bancarios. Los tipos de interés negativos afectan a la remuneración o las comisiones que estas entidades cobran por una cuenta corriente, y el primer paso para tratar de minimizar el impacto de unos tipos de interés tan bajos es cobrando por el mantenimiento de las cuentas.

Los clientes institucionales, como empresas o administraciones, han visto como estas comisiones no han hecho más que aumentar en los últimos años, hasta el punto que grandes empresas e instituciones ya han comenzado a tomar medidas drásticas para tratar de evitarlas.

Entre ellos, un ejemplo claro es el de las Cortes Generales, como el Congreso, el senado o la Junta Electoral, que el año pasado decidieron trasladar todos sus depósitos de los bancos privados donde los tenían hasta ese momento, directamente al Banco de España con el único objetivo de evitar las comisiones de mantenimiento de la banca privada.

Este nuevo concurso, al que sólo se ha presentado la entidad financiera CaixaBank, partía de la premisa de la ausencia de comisiones de mantenimiento, cosa que finalmente se ha cumplido.

El proceso del concurso se ha realizado a través de una tramitación urgente, debido a las “condiciones de onerosidad del anterior contrato”, según las palabras de las propias Cortes.

Estos altos costes por mantener los depósitos de la administración se deben al Banco Central Europeo, que mantiene un tipo de interés negativo del 0.5% en la facilidad de depósito.

El anterior contrato con CaixaBank, no solo se había aplicado este tipo de interés negativo sobre la facilidad de depósito a las cuentas principales y secundarias de la administración, sino que se añadía un 8% en concepto de remuneración del servicio de gestión.

El nuevo contrato, que se abonará con cargo a los remanentes de tesorería de las Cortes Generales, partió de un presupuesto base para licitar de 682.000 euros exentos de Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para establecer dicho importe se han tomado como referencia los contratos previos con las entidades privadas, así como los tipos de interés y la remuneración que aplica el Banco de España a las administraciones públicas.

Una cuenta corriente de 75 millones de euros

En esta convocatoria, a diferencia de otras anteriores, no era requisito indispensable la apertura de oficinas institucionales de la entidad financiera en las cámaras.

CaixaBank, además de ser la única entidad presentada, es la única que cuenta con dos oficinas institucionales tanto en el Congreso como en el Senado.

CaixaBank deberá hacerse cargo de nuevo de las cuentas principales de las cinco administraciones (Congreso, Senado, Defensor del Pueblo, Junta Electoral central y las Cortes) además de todas aquellas cuentas auxiliares necesarias para cada una de las entidades Públicas.

Entre estas segundas cuentas se encuentran aquellas de ingresos que no sean traspasos del Tesoro Público, como los derivados de la venta de artículos o recuerdos de la tienda del Congreso de los Diputados.

En la cantidad total de las instituciones podemos encontrar depósitos totales de más de 75 millones de euros, con el Congreso de los Diputados situado como el de mayor volumen, con 33,7 millones de euros, seguido por las cortes Generales con 21,5 millones de euros y el Senado con 15,8 millones de euros.

El Defensor del Pueblo con 4,2 millones y la Junta Electoral central con 0,46 millones cierran el cómputo total de depósitos que deberá gestionar a partir de ahora CaixaBank.

Sin comisión de mantenimiento ni gastos asociados

En las propias condiciones del concurso público para adjudicar un nuevo depositario para los fondos de estas entidades públicas ya podía verse la clara intención de la Administración, “todas estas cuentas deberán estar exentas de todo tipo de gastos de administración, mantenimiento o descubierto”, rezaba el propio pliego del concurso.

Pero aunque esto nos pueda sorprender, acostumbrados como estamos a ver comisiones de todo tipo para los pequeños ahorradores, el mismo pliego detallaba que no únicamente estas cuentas deberían estar exentas de comisiones de mantenimiento, sino que tampoco podrán cobrarse comisiones por “transferencias nacionales o internacionales, ya sea en euros u en otras divisas”, además de los ingresos en efectivo, la emisión de cheques y otros servicios de cambios de divisas y pagos en monedas extranjeras.

Sin duda unas condiciones extraordinariamente favorables para unas instituciones con saldos de más de 75 millones de euros, cuando las entidades financieras de nuestro país son más restrictivas que nunca con los servicios que hasta ahora se habían podido disfrutar de forma gratuita o incluso bonificada, como las cuentas corrientes.

Ya estamos comenzando a ver los efectos de los tipos de interés negativos no únicamente en los depósitos de los clientes institucionales, con excepción de las administraciones públicas, a los que se les está cobrando entre un 0.10% y un 0.50% por mantener su liquidez en el banco; sino a los pequeños ahorradores, como el impacto que ya podemos ver en las cuentas nómina, con retribuciones exiguas o incluso negativas.

Estas condiciones tan favorables para algunas instituciones nos hacen ver la enorme divergencia que existe entre cómo y cuanto se trasladan los precios del mercado a los diferentes actores: las familias y pequeños ahorradores, las empresas y las administraciones, y a qué velocidad.

Por el momento, parece que están siendo los primeros quienes vuelven a asumir los costes del entorno de mercado, en favor de las instituciones más grandes. Y es que aunque el mercado dicta las mismas leyes para todos, no siempre son aplicadas por igual.